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Organizaciones Sociales

MIOCUP-CNPA MN piden esclarecimiento del asesinato de Manuel Gaspar R.

* “No queremos un sesgo político, sabemos que el estado tiene responsabilidad”

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Antonio Vidal representante de la 28 de Octubre, Alfredo Guerrero, Oswaldo Villegas y Violeta Valdes.

Puebla, Pue. a 15 de mayo del 2018

Integrantes del Movimiento Independiente Campesino Urbano y Popular, adherido a la Coordinadora Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA MN), piden a la Fiscalía de Puebla, agote todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Manuel Gaspar Rodriguez, líder regional de esta organización, ocurrido ayer 14 de mayo.

Oswaldo Villegas, acompañado por Antonio Vidal de la 28 de Octubre, Alfredo Guerrero y Violeta Valdes, piden el esclarecimiento de Manuel Gaspar, quien fue asesinado ayer en el municipio de Cuetzalan del Progreso, después de ser encontrado su cuerpo en un motel de dicha localidad.

Gaspar Rodriguez era un luchador social que se oponía a la minería a cielo abierto, al fracking, al proyecto de subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, impulsor de la Caravana “Por la vida y la Justicia” y por estar en contra del relleno sanitario convertido en basurero.

Por tal motivo ya había sido amenazado en varias ocasiones vía telefonica, hasta el día de ayer que culminó con su muerte, calificada como asesinato político.

Por lo que piden a la fiscalía investigue las llamadas telefónicas “No queremos un sesgo político, sabemos que el estado tiene responsabilidad”. Instaron.

Locales

Diversas organizaciones integraron el Consejo Ciudadano del Transporte del Estado de Puebla

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Puebla, Pue. a 17 de octubre de 2019

El capitán retirado Jorge Octavio Ovando, acompañado del Ing. Ángel Manuel López, Luis Soriano Peregrina e Hilario Gallegos Gómez, y representantes de organizaciones sociales y campesinas, continúan en contra “tarifazo” al transporte, autorizado por el gobierno del estado.

Señalaron que el aumento al transporte no se hizo de manera correcta y la decisión se tomó de manera unilateral, lo que ha originado que los mismos transportistas planeen promover amparos y no exista claridad en el tema de la disminución en el pasaje para algunos sectores (estudiantes o personas de la tercera edad).

El gobierno del estado identificó que, si los estudiantes no eran beneficiarios de descuento en el pasaje, le generaría afectaciones graves dado que éstos salieronn a las calles para manifestarse, y al beneficiarlos es una forma de romper con el movimiento de inconformidad ciudadana y estudiantil.

Dicho aumento debió ser de manera gradual. “Que valgan la pena los amparos que le promoverán al gobernador por este motivo y tome medidas en beneficio de la ciudadanía, más que en beneficio de los concesionarios”.

También es claro que los concesionarios no cumplirán con su palabra y lo que expresaron ayer de promover amparos, significa que no están dispuestos a ceder ningún centavo a favor de la ciudadanía, por lo tanto, el acuerdo debe ser modificado y establecerse las reglas de un aumento gradual de 50 centavos por año hasta llegar a los 8.50 pesos.

Con el aumento de 2.50 pesos al pasaje, el gobernador Miguel Barbosa regaló a los concesionarios 3 mil 600 millones de pesos anuales, además, criticaron la postura de los diputados locales de MORENA a quienes catalogaron de arribistas.

Propusieron la integración del Consejo Ciudadano del Transporte del Estado de Puebla, el cual contempla apoyar a la ciudadanía en la realización de denuncias y reportes inmediatos sobre el transporte. Mientras no exista un ajuste en las tarifas, pedirán al gobierno del estado que sean retiradas las unidades que no cumplen con los requisitos de buen estado.

Los representantes civiles y campesinos pidieron que se transparente el número de concesionarios y unidades que prestan el servicio e hicieron un llamado a los estudiantes, obreros campesinos y pueblo en general, a participar en la marcha que se realizará el próximo domingo a las 11 horas del Gallito al zócalo de la ciudad, para manifestarse en contra del “tarifazo” autorizado por el gobierno del estado.

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Locales

Organizaciones sociales realizarán marcha condenando alza a tarifas del transporte.

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Puebla, Pue. a 9 de octubre de 2019

Integrantes de diversas organizaciones denunciaron que el aumento del 41 por ciento a la tarifa del transporte público en el estado de Puebla violenta el derecho humano al transporte y la movilidad, al poner en riesgo el traslado de las familias más pobres y numerosas que habitan principalmente en la ciudad de Puebla.

Este aumento desproporcionado contrasta con el hecho de que Puebla ocupa el primer lugar nacional en pobreza moderada, según el CONEVAL, es decir, 2 de cada 3 poblanos vive en pobreza y estado de hambre, a lo que se suma una inflación acumulada del 4.72 por ciento.

Ante esta violación a nuestras garantías, anunciaron interpondrán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Secretaría de Transporte que autorizó el incremento a la tarifa, de manera ventajosa a favor de los transportistas.

Asimismo, proponen la creación de la Asamblea Popular contra el Tarifazo en Puebla, que tendrá como principal objetivo buscar que se revierta el incremento de golpe de los 2.5 pesos al pasaje.
“Urgimos a los diputados locales que la movilidad sea un derecho que represente obligaciones para el Estado, donde se cuiden las garantías de los más vulnerables, se incorpore el impacto a la salud y en el desarrollo urbano. Respaldamos que el aumento a la tarifa sea de manera paulatina en los próximos cinco años que restan del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, con un incremento anual de 50 centavos”.

Demandan al gobierno de Barbosa Huerta que a su vez el incremento sea a la par del cumplimiento de los compromisos del gremio transportistas, pues hasta la fecha no existe ninguna cláusula en el acuerdo publicado en el Diario Oficial del Estado que obligue o sancione a los concesionarios si incumplen con mejorar el servicio en los próximos 120 días.

Consideraron que el gobierno estatal debería abrir una plataforma en la que los ciudadanos evalúen de manera continua las unidades de transporte público, pues de no ser no sólo exigirán se les retire la concesión e iniciaran una resistencia social indefinida hasta que lograr su objetivo.

“Desde la última década, en Puebla es visible el deterioro de los vehículos, la falta de precaución y capacitación para conducir por parte de los choferes y la escasez de rutas en algunas colonias populares, donde las familias tienen que caminar largos tramos para llegar a sus viviendas.
A pesar de esta situación, condenamos que el gobierno de Luis Miguel Barbosa haya priorizado los bolsillos de los transportistas, sobre el del resto de los poblanos”.

Con este aumento abusivo a la tarifa, una familia de cuatro personas podría gastar más de 2 mil pesos mensuales, sólo para trasladarse a la escuela o a sus centros de trabajo, lo cual representa el 70 por ciento de su ingreso mensual, si consideramos que el salario mínimo se ubica en 102 pesos diarios.

Por lo anterior hacen un llamado a todos los sectores a acudir a la marcha pacífica, el domingo 13 de octubre, a las 11:00 am que partirá del gallito al zócalo de Puebla.

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Locales

Representantes de diversos sectores reprueban ataques contra la Dra. Mónica Roldán

* Candidata a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

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Puebla, Pue. a 3 de octubre de 2019

Representantes de las diversas asociaciones civiles, ONG’s, sindicatos, universidades, entre otros, reprobaron los ataques de candidatos a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, en contra de la Dra. Mónica Roldán Reyes, por lo que, en conferencia de prensa en la capital poblana reiteraron su total y absoluto apoyo a la aspirante y lamentaron que deban incurrir a estas prácticas y acusar sin fundamento a quien,.durante 10 años, ha trabajado a favor de los Derechos Humanos, conociendo de cerca las necesidades de miles de personas en situación vulnerable.

A nombre de las más de 50 asociaciones civiles, ONG”s, sindicatos y grupos sociales, el Dr. en ciencias y miembro del sindicato nacional de infraestructura sección 133, Puebla, Alfredo García Guemez expuso que de los 25 aspirantes a la CDH de Puebla, la gran mayoría solo cuentan con los requerimientos básicos de carácter académico “otros tantos arrastran un perfil vergonzoso de muchos años muy cercano al prianismo y al morenogalismo, acercamiento que incluso los llevo a ocupar ciertos cargos con resultados nada halagadores. Hay otros más que ni siquiera son poblanos y, en consecuencia ni siquiera conocen el entorno inmediato.

“La compañera Mónica Roldán Reyes, en realidad, es la única candidata que soporta todas las “pruebas del ácido” que demuestran que ella ha sido formada con rigurosidad y disciplina científica para ocupar este cargo; mientras que, por otro lado, soportó el embate de la mafia del poder sustentado en amenazas, intimidaciones e intentos de chantajes que nunca prosperaron; por el contrario fortalecieron mucho más su carácter, su verdadera vocación y su compromiso social con los sectores sociales que históricamente han sido violentados en sus derechos humanos y marginados de las oportunidades del desarrollo”, subrayó.

En ese sentido, hicieron hincapié en que Mónica Roldán Reyes es la persona que demanda la Cuarta Transformación en Puebla, como destacada activista de los derechos humanos al lado del pueblo.

Cabe mencionar que Monica Roldán Reyes es Licenciada en Derecho y cuenta con una maestría, sustenta una vasta trayectoria profesional como abogada postulante y, en el frente de los derechos humanos desde 2010; es presidenta de la asociación
civil denominada “Comisión Ciudadana por la Democracia y los Derechos Humanos”, que desde 2009 se ocupa de concientizar y capacitar a la población a través de la difusión de los derechos humanos, mediante cursos, conferencias y actividades altruistas en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad.

Como activista social ha sido asesora y orientadora sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, que la llevaron a defender a la población de los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo y Quecholac, del Estado de Puebla, ante el incumplimiento del acuerdo del funcionamiento sustentable de la Planta Cementera instalada en Palmar de Bravo, actividades que la llevaron a enfrentar a las autoridades del gobierno morenogalista de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua y autoridades municipales que resultaron responsables a la violación de los derechos a la conservación del medio ambiente.

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Locales

MPOCAC denuncia a grupos para militares que destruyeron chozas en Santa María Malacatepec

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Puebla, Pue. a 24 de septiembre de 2019

Integrantes del Movimiento Popular Obrero Campesina (MPOCAC), encabezados por Manuel Largo Tenahua acompañado por Victoria Villa Tenagua e Ignacia Bueno condenaron enérgicamente el atentado de grupos porriles o paramilitares utilizados por empresarios de la zona de Angelópolis, quienes destruyeron chozas construidas en el cerro Dismac, de Santa María Malacatepec, desde noviembre de 2017.

Denunciaron que el pasado domingo, un grupo de delincuentes subió hasta este lugar con maquinaria pesada para obstruir los accesos del camino principal y no permitir la entrada de los campesinos desalojados de sus tierras.

Ante esta situación solicitaron apoyo al gobierno municipal de Santa clara Ocoyucan, quien envió unas patrullas con elementos que no llegaron hasta el punto del conflicto, dado que los invasores realizaron disparos con armas de fuego.

Piden la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta para que demuestre si está a favor del pueblo o de los ricos, ya que éste siempre dijo estar a favor de los pobres. Tampoco han recibido respuesta del gobierno federal a dos meses de haber enviado el oficio correspondiente.

“Los empresarios han venido desapareciendo diversos ejidos a raíz de los proyectos ubicados en la zona del Angelópolis. Han resultado afectados Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec, Santa Clara Ocoyucan y actualmente Santa María Malacatepec, afectando también los recursos naturales. Las dependencias gubernamentales anteriores hicieron caso omiso a pesar que esto fue denunciado en tiempo y forma”. Expresó Largo Tenahua.

Pidieron que los cerros afectados sean declarados por los gobiernos federal, estatal y municipal, como zonas protegidas para terminar con la ambición de las empresas de Angelópolis que han comprado la conciencia de las autoridades municipales y las dependencias gubernamentales, acusando a La Procuraduría Agraria de jugar un papel importante a favor de los empresarios, pues se ha prestado a legalizar lo no legal.

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